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Instituto Nacional de Reforma Agraria

La Tierra no debe ser traficada, debe ser trabajada

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La Tierra no debe ser traficada, debe ser trabajada dijo nuestro presidente Luis Arce, durante la celebración del Día de la Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria realizada en Ucureña, Cochabamba.

 

Debemos dar seguridad a quienes producen la tierra, es importante defender la seguridad de la tierra, verificando el cumplimiento de la función social y económica de estos predios dijo Arce, además recomendó a quienes acceden a la tierra a trabajarla para la soberanía con seguridad alimentaria.

 

Sectores sociales de diferentes puntos de Bolivia llegaron este martes a Ucureña, un poblado del municipio de Cliza, en Cochabamba, para celebrar junto a Arce y el vicepresidente David Choquehuanca un aniversario más de la fecha que simboliza un cambio en la visión del desarrollo rural y el empoderamiento del campesino, indígena y originario como sujeto de derechos.

 

Arce vestía un poncho de color rojo y una guirnalda de flores en el pecho, obsequio de los anfitriones de este poblado cochabambino. Llegó en horas de la tarde y durante su discurso reafirmó ante una masiva concentración de trabajadores del campo el principio de la política agraria: “La tierra es de quien la trabaja” para garantizar la seguridad alimentaria.

 

Un repaso histórico sobre la problemática de la tierra llevó a recordar que en la República se buscaba “desindianizar” el campo y agrietar la lógica de tierra-territorio. La llegada de Evo Morales al poder en 2006 representó un giro y una “reconducción” de la política agraria, que implicó una revalorización de la labor en el área rural, convertir a los habitantes rurales en sujeto de derechos y tecnificar el agro.

 

Dentro de esa lógica de desarrollo, la seguridad jurídica de la tierra representa un desafío central y Arce comprometió que en su gestión de Gobierno acabará con el saneamiento y titulación de tierras, principalmente, para beneficiar al pequeño producto con la seguridad jurídica sobre su propiedad.

 

“Hemos recibido con el 87% de la superficie rural saneada y titulada en nuestra gestión y la hemos incrementado a 89%, esto implica hermanas y hermanos 3 millones de hectáreas saneadas, priorizando a los pequeños productores, a nuestros hermanos indígena originarios y campesinos”, destacó.

 

De acuerdo a los datos oficiales, en 2021 se entregaron al menos 40.846 títulos ejecutoriados de tierras y para este 2022 se proyecta entregar 150.000 en esta lógica de garantizar el derecho propietario. Aunque no precisó la cantidad, Arce aseguró que el Gobierno destinará mayores recursos económicos para concluir esta labor pendiente del Estado.

 

“Con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) nos hemos propuesto concluir en nuestra gestión el saneamiento de la propiedad agraria, sanear todas las tierras de nuestro Estado Plurinacional para otorgar seguridad jurídica a ustedes hermanos”, afirmó dirigiéndose a la masiva concentración que enarbolaba la wiphala y la tricolor nacional.

 

Ucureña entró a los libros de historia porque fue el lugar donde en 1953 se firmó el decreto de la reforma agraria, aunque con una visión alejada del campesinado. Este 2 de agosto se mostró que la estructura de propiedad favorecía a los sectores empresariales y terratenientes, quienes detentaban cerca de 39 millones de hectáreas.

 

Para los indígenas originarios y campesinos, solo estaba destinado 17 millones de hectáreas, pese a que es una mayoría en el área rural. Esta situación, empero, cambió con la nueva política en materia de tierras aplicada desde 2006 que logró hasta el momento revertir esa estructura de propiedad.

 

Ahora, las naciones indígena originario campesinos “tienen el 55% de la tierra rural, 30% se consolidó como tierras fiscales, áreas protegidas y otros, y la propiedad mediana y empresarial tiene un 15% (de la tierra)”, destacó Arce al valorar una tenencia de la tierra “más equitativa y más inclusiva, incluso de género (45% de la titulación es a nombre de mujeres)”.

 

Mientras que una verificación de la Función Económico Social (FES) acabó con la reversión de latifundios improductivos y la redistribución de tierras fiscales. Más de 8.500 familias en 267 comunidades fueron beneficiadas con la consolidación de tierras, previa verificación de la FES.

 

Los avasallamientos y el tráfico de tierras fueron otros de los temas abordados. Arce expresó su rechazo a este tipo de acciones que en el pasado se denunciaron, principalmente, en el departamento de Santa Cruz.

 

“Es importante que de manera conjunta todos nosotros asumamos un compromiso de no tolerar avasallamiento ni tráfico de tierras venga de donde venga, porque la tierra no debe ser traficada sino trabajada”, afirmó y en ese marco reveló que hay “millones de tierras paralizadas (en su actividad agraria) por conflictos”.

 

Ante esa situación y en la línea de asegurar el mayor número de hectáreas productivas, aseguró que el Gobierno “tiene la voluntad política para solucionar los conflictos con un diálogo franco, amplio y sincero”.

 

 

Bolivia es un país mayoritariamente rural y dedicado a las actividades agrias y pecuarias, por eso el énfasis en apoyar su desarrollo para asegurar la estrategia de la seguridad alimentaria en momentos de una crisis climática.

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